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“Con un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar, secreta e inadvertidamente, una parte importante de la riqueza de sus conciudadanos”. (John Maynard Keynes).

La inflación de diciembre fue de 2,6% y el acumulado para todo 2018 trepó hasta 47,6%, según publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Es el dato inflacionario anual más elevado desde la salida de la hiperinflación en 1991 y el principal responsable de esta cifra es el Gobierno.

 

El proceso inflacionario estuvo liderado por los bienes y servicios regulados que crecieron al 53,5%, la inflación núcleo fue de 47,7% y los estacionales aumentaron 35,2%. En términos regionales, los mayores aumentos se vieron en la Patagonia (50,6%) y Cuyo (49,5%), los menores aumentos se vieron en GBA (47,1%) y la región pampeana (47,6%).

 

 

Por otro lado, los plazos fijos tradicionales a 30 días tampoco pudieron ganarle a la inflación, ya que presentaron un rendimiento en torno al 37%. En cambio, los plazos fijos UVA brindaron la posibilidad de empatarle a la inflación y, además, ganar un interés que fue variando en función de cada banco. Todo esto sin dejar de lado, por supuesto, que el dólar sufrió una devaluación de más del 100 por ciento en los últimos doce meses.

 

Un diagnóstico equivocado

 

El 2018 terminó por sellar el fracaso de la implementación de las metas inflacionarias, donde los objetivos fueron demasiado ambiciosos y el uso de la tasa de interés como instrumento resultó insuficiente. En un contexto en el que hubo un fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos (donde no hay una segunda marca para elegir) y pocos grados de libertad de política monetaria, el rumbo de la economía estuvo cada vez más lejos de dar alguna buena noticia.

 

 

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